sábado, 9 de mayo de 2015

Censat Agua Vida publica el documento: MOVILIZACIÓN DE MUJERES AFRODESCENDIENTES POR EL CUIDADO DE LA VIDA Y LOS TERRITORIOS ANCESTRALES

Movilización de Mujeres Afrodescendientes por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales
Censat Agua Vida publica el documento:

MOVILIZACIÓN DE MUJERES AFRODESCENDIENTES POR EL CUIDADO DE LA VIDA Y LOS TERRITORIOS ANCESTRALES

A las mujeres que cuidan de sus territorios como a sus hijas y sus hijos A las cuidadoras y los cuidadores de la Vida Digna, Sencilla y Solidaria.
Estamos bravas, nos sentimos cansadas, manoseadas por este Gobierno que no cumple con su palabra, con este Gobierno Nacional que nos falta al respeto y nos trata como personas de segunda, que nos trata como mendigas, este Gobierno Nacional que hace de la Paz un discurso, se le olvida que no hay Paz si no es capaz de cuidar de la Vida, si no pone la Vida de todos los seres por encima de los intereses transnacionales, Paz es que tengan profunda importancia cada una de las muertes de San Antonio hace un año, de las siguientes en Santa Rita, en Rosal, en Magui Payan, pero la vida de la gente que vivimos en comunidad no valen, tal parece que nuestras vidas son un riesgo muy alto y se cotizan bien en las bolsas de valores, entre menos vidas nuestras, son mayores las ganancias para los muy poquitos de aquí, y los muy poquitos afuera, en medio de los incumplimientos del Gobierno Nacional, nosotras que vinimos a él proponiendo acciones concretas, nos damos cuenta, que estas acciones no las quieren y que por eso entendemos que solo valemos muertas.


Leer comunicado completo en el siguiente link:

http://censat.org/es/noticias/movilizacion-de-mujeres-afrodescendientes-por-el-cuidado-de-la-vida-y-los-territorios-ancestrales
Fuente: Censat Agua Viva

miércoles, 6 de mayo de 2015

La minería borra relaciones de pueblos indígenas con sus territorios

Bogotá D. C., abr. 28 de 2015 - Agencia de Noticias UN- Desarrollo nacional con la visión de un país minero crea conflictos con los pueblos indígenas, pues estos tienen otras concepciones basadas en la naturaleza con la que establecen relaciones de reciprocidad.
Así lo evidencia una investigación desarrollada desde el Departamento de Geografía de la U.N., incluida en el libro Extractivismo minero en Colombia y América Latina.
Dicho trabajo aborda las implicaciones que tiene la minería para los territorios indígenas, respecto a las nuevas geopolíticas del desarrollo. También analiza cómo ese fenómeno genera confrontaciones, del extractivismo en particular, el cual acarrea cambios a nivel cultural, político, ambiental y territorial.
Astrid Ulloa, profesora del Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas de la U.N., explica que a partir de los procesos de minería se genera una serie de desigualdades de acceso, uso, toma de decisiones y control político sobre el territorio.
“Estos procesos hacen que tanto en Colombia como en Latinoamérica se den nuevas interacciones económicas y a la vez, nuevas confrontaciones en cuanto a la autonomía indígena”, afirma la profesora.
Un ejemplo de ello es la reconfiguración territorial, que va desde la transformación ambiental y los impactos irreversibles que tiene la minería, hasta un nuevo relacionamiento con los procesos de transformación, como el agua, que cambia las dinámicas de los indígenas.
Según la experta, existen procesos que borran las relaciones de los pueblos indígenas con sus territorios, planteándose una nueva noción.
De esta manera, cuando se propone el desarrollo nacional con una visión de un país minero, se construye una noción diferente de lo que serían las identidades nacionales.
“Esto crea conflictos frente a los pueblos indígenas, que tienen otras concepciones basadas en la naturaleza con la que establecen relaciones de reciprocidad con entes no humanos. De ahí que se hayan generado respuestas políticas que también son factores de confrontaciones en cuanto al control de territorios”, menciona la investigadora.
Una experiencia se da con el pueblo nasa, que plantea un control vertical del territorio, en el que se reconozca el derecho que tienen a tomar decisiones sobre el suelo y el subsuelo.
“Su concepción de territorio es más amplia y no se remite solamente a una porción de tierra sino a unas relaciones que tienen que ver con autonomía que responde a lo que quieren hacer en su zona”, señala la experta.
Otro de los elementos importantes destacados dentro de este trabajo, se refiere a la cantidad de conflictos que se generan cuando hay una territorialidad vertical indígena (que implica diferentes niveles que van desde el aire hasta el subsuelo), frente a otras nociones que lo único que tienen en cuenta es un territorio horizontal en vía de ser explotado.
Este trabajo, realizado con el grupo de investigación Cultura y Ambiente de la U.N. y diferentes semilleros, entre ellos el de Minería, Ambiente y Territorio, ha desarrollado una dinámica de talleres, trabajo de campo y discusiones permanentes de los enfoques metodológicos.
Los resultados fueron fruto de investigaciones adelantadas en cinco zonas del país: el territorio nasa del norte del Cauca, Guainía, Antioquia, el municipio de Vetas, en Santander y en la Colosa, Tolima.
El libro Extractivismo minero en Colombia y América Latina reúne trabajos y producción de estudiantes de pregrado y maestría, e investigadores de la U.N.
Otra novedad presentada por la Facultad de Ciencias Humanas de la U.N., es el libro Desigualdades ambientales en América Latina, ambos pertenecen a una serie dentro de la biblioteca abierta de la colección general de la Facultad, llamada Perspectivas Ambientales que posiciona los debates socioambientales, nacionales e internacionales que se dan desde la perspectiva de la ciencias sociales.

Url: http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/la-mineria-borra-relaciones-de-pueblos-indigenas-con-sus-territorios.html

Los conflictos socioambientales tienen características en común...

Bogotá D. C., Apr. 30 de 2015 - Agencia de Noticias UN- La fragmentación, la valoración, la construcción de relaciones de identidad, la propiedad, los derechos y la articulación de escenarios por consumos ambientales son las características comunes que se dan en los procesos de globalización de la naturaleza.
Así lo demuestra una investigación de la U.N. que analizó conflictos y movilizaciones socioambientales en torno a extracción minera, pérdida y conservación de biodiversidad, aumento de monocultivos  y  cambio climático en Latinoamérica.
Astrid Ulloa, profesora titular del Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas de la U.N., explicó que a partir de estos procesos se cuestionó qué tienen en común estas dinámicas, cómo se relacionan y qué desigualdades socioambientales generan.
En este sentido la investigadora enfatizó en el análisis de cuatro escenarios, los cuales analiza de manera interrelacionada para dar cuenta de cómo se coproducen, retroalimentan o complementan.
El primero de dichos escenarios es el de la biodiversidad y conservación, relacionado con territorios biodiversos en los cuales se implementan programas globales y nacionales en torno a dichos procesos y, sobre todo, a servicios ecosistémicos.
Le sigue el del cambio climático, en el que se territorializan las políticas climáticas globales y nacionales para confrontar sus efectos e implementar estrategias de mitigación o adaptación, tal es el caso de proyectos como el de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD).
También se encuentra el del monocultivo, que transforma territorios ya que se basa en una visión homogena  y expansiva, por ejemplo para agrocombustibles.
El último de los escenarios es el minero, que extrae y transforma el territorio de manera irreversible.
“Analicé cómo se producen desigualdades ambientales a partir de procesos de generación de conocimientos especializados, que producen nuevas dinámicas económicas y procesos políticos específicos por recurso o por proceso” afirma la profesora Ulloa.
También se construyen nuevos ideales asociados a dichos escenarios, se generan reconfiguraciones estatales y se da un aumento del conflicto y violencia.
Para entender estos procesos, la investigadora definió cuatro características comunes en los contextos, asociados a nuevos procesos de creación, apropiación y globalización de la naturaleza.
La fragmentación y valoración de la naturaleza es una de ellas, se refiere a cómo se concibe la naturaleza y cómo se puede fragmentar para darle una valoración económica a ciertos procesos.
Un ejemplo es la capacidad de captura de carbono de los árboles frente a la crisis climática, o el servicio ecosistémico que prestan las especies en un área protegida.
Esta noción de recurso entra en dinámicas económicas y visiones de desarrollo, lo que implica fragmentar y valorar específicamente la naturaleza de una manera particular, así como descontextualizarla de procesos culturales.
Otra característica es la construcción de relaciones de identidad, por ejemplo, cómo se construye un país minero o uno biodiverso. Eso genera unas nociones y una identidad nacional, pero también, unos procesos sociales donde las personas se identifican y confrontan esas dinámicas.
La propiedad y derechos asociados a nuevos procesos relacionados con estos escenarios es la otra característica. En este sentido, se pueden tener relaciones de propiedad frente a procesos mismos de la naturaleza, la noción de los derechos hacen que se pueda dar una apropiación simbólica y de hecho.
En la problemática de cambio climático, por ejemplo, la capacidad de captura de gases efecto invernadero puede ser medida en términos de certificados por emisiones reducidas, un proceso económico que le da valor a dinamicas de la naturaleza, negociado en escenarios económicos nacionales y transnacionales.
Quien compre esos certificados obtiene el derecho sobre los procesos que se dan en territorios locales.
La última característica se refiere a que esos escenarios están articulados por consumos compensatorios, es decir, que existe una compensación y una interrelación de los procesos ambientales, ligados a través del consumo, el cual puede ser verde.
Un ejemplo es que para reducir el consumo del petróleo, se requiere  alternativas como las baterías de litio, utilizadas en carros eléctricos, pero para obtener este material es necesario el extractivismo minero.
Asimismo, para cambiar la producción de petróleo por etanol es necesario generar monocultivos.
Este trabajo sintetiza investigaciones previas, realizadas a nivel de Latinoamérica, también reúne investigaciones de la profesora y de su grupo de Investigación Cultura y Ambiente de la U.N. en diferentes territorios indígenas y campesinos de Colombia.
La investigación hace parte del libro Desigualdades socioambientales en América Latina, una publicación de la Colección General Biblioteca Abierta, Perspectivas Ambientales de la Facultad de Ciencias Humanas de la U.N.

Url: http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/nc/ndetalle/pag/2/article/conflictos-socioambientales-tienen-caracteristicas-en-comun.html

martes, 3 de febrero de 2015

Conversatorio: Colombia y Extractivismo, crisis económica y postconflicto.

Conversatorio:
Colombia y extractivismos: crisis económica y postconflicto.

Martes 3 de Febrero
Salón 207, Ed. Posgrados de Ciencias Humanas
Facultad de Ciencias Humanas
Universidad Nacional de Colombia
Sede Bogotá
4 a 6 pm. 


Participantes:
Anthony Bebbington - Clark University
Sergio Coronado - CINEP
Tatiana Roa - CENSAT
Nubia Ruiz - Unal
Astrid Ulloa - Unal
SIMAT - Unal

domingo, 7 de diciembre de 2014

Pronunciamiento de Las Organizaciones Indígenas Cop20



En el día de hoy, 01 de diciembre de 2014, nosotros pueblos y comunidades indígenas de la Amazonía venezolana, representados por la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), miembros plenos de la COICA y agrupados en la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM), la Organización Indígena Piaroa Unidos del Sipapo (OIPUS), la Organización Ye´kuana del Alto Ventuari (KUYUNU), la Organización Indígena Jivi Kalievirrinae (OPIJKA), la Organización Yanomami (HORONAMI), la Organización Mujeres Indígenas de Amazonas (OMIDA), la Organización de Comunidades indígenas Huôttuja del Sector Parhuaza (OCIUSPA), la Asociación de Maestros Piaroa (Madoya Huarijja), la Organización Piaroa del Cataniapo “Reyö Aje”, la Organización Indígena de Río Negro (UCIABYRN), la Organización Piaroa de Manapiare, la Organización Ye´kuana del Alto Orinoco (KUYUJANI Originario), el Movimiento Político Pueblo Unido Multiétnico de Amazonas (PUAMA), reunidos en Puerto Ayacucho, ante la realización en Lima, Perú, de la COP20, queremos realizar el siguiente pronunciamiento: 


Haga clic acá para descargar el comunicado completo: Pronunciamiento de Las Organizaciones Indigenas Cop20

domingo, 30 de noviembre de 2014

Entrevista representante de la Marcha de Mujeres del Norte del Cauca


Una pequeña entrevista que el grupo Semillero de Investigación en Minería, Ambiente y Territorio del Grupo Cultura y Ambiente - Universidad Nacional de Colombia, realizó a Graciela, una de las representantes de la Marcha de Mujeres del Cauca, el 27 de Noviembre, en Bogotá.





lunes, 24 de noviembre de 2014

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA: El ambientalismo radical es la defensa de la vida, de la paz y de la naturaleza

Reciban un cordial saludo,

Semanas atrás, desde algunas columnas de prensa, empresas y funcionarios del gobierno se han construido discursos que tienden a la estigmatización de quienes nos oponemos al extractivismo depredador. No obstante, la construcción de un país en paz implica la opinión de diversos sectores y de la sociedad colombiana frente a temas como el licenciamiento ambiental, y las legitimas dudas que las modificaciones generan.

De aquí, que consideramos imperante exigir un debate argumentado, cerrando la puerta a cualquier tipo de estigmatización y deslegitimación de quienes defienden la vida en los territorios. Hacemos un llamado a construir un diálogo franco, respetuoso y democrático sobre las políticas que inciden en los territorios, y en particular, sobre la política minero - energética.

Invitamos, entonces, a respaldar y firmar el siguiente comunicado que podrán ver en este link:
https://docs.google.com/forms/d/1qSwtX9j1KtvnlRVrHz_yTRx3mhNul5Jt_8B_lo8GA6s/viewform?c=0&w=1

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

El ambientalismo radical es la defensa de la vida, de la paz y de la naturaleza

El ambientalismo en Colombia se caracteriza por sus aportes en diversos niveles de la realidad nacional, alcanzando un amplio reconocimiento en Latinoamérica producto de la interdisciplinariedad y hermanamiento de visiones académicas, organizacionales, territoriales, comunitarias, etcétera, que han posicionado y alcanzado logros significativos en materia ambiental, avances que hoy parecen desmoronarse ante los cambios políticos y legislativos. Principalmente, es imperativo hacer mención del posicionamiento que este enfoque ha tenido en los territorios, espacios desde los que se fortalece y defiende los postulados de defensa de la vida, en una continua recreación del ambientalismo popular.

Como organizaciones que suscribimos el presente comunicado, queremos expresar nuestro llamado y apertura para la construcción de espacios de discusión en los que prima el diálogo democrático y el respeto a posiciones y opiniones diversas que alertan sobre los cambios actuales en la legislación ambiental, que se configuran para el beneficio empresarial en detrimento del ambiente, la población, y la construcción de un país en paz.
Consideramos que la libre expresión y el debate argumentado son ejes fundamentales para la construcción de un proyecto de país justo, lo que al tiempo implica, en general, la participación amplia en la construcción de la política pública que oriente el futuro de Colombia, y, en particular, el debate respecto a la política minero – energética.

En momentos en que la cotidianidad de la información en Colombia, y los discursos oficiales gubernamentales y empresariales se proyectan en torno a la anhelada paz, diversos sectores populares, organizaciones ambientalistas y movimientos sociales han advertido la necesidad de pensar con mayor profundidad los significados y contenidos de dicho anhelo.

Para quienes han sufrido históricamente la guerra, la injusticia y la impunidad, la paz no incluye solamente la firma de acuerdos entre agentes armados, es imprescindible también la inclusión participativa del conjunto de la sociedad colombiana; alcanzar la paz implica necesariamente transitar hacia la transformación del modelo de desarrollo basado en el extractivismo, y su correlativa política minero - energética, que ha despojado y afectado irreversiblemente territorios rurales y urbanos.

Ante planteamientos de este tipo, que atañen al trasfondo de la paz y la justicia, y que conllevan a una necesaria discusión sobre el modelo de desarrollo y el papel de la institucionalidad colombiana para la protección ambiental y de la población, se ha tenido como respuesta desde algunas columnas de prensa, empresas y funcionarios del gobierno, la construcción paulatina de discursos que tienden a la estigmatización de quienes nos oponemos al extractivismo depredador. La construcción de estos discursos persigue la desligitimación de posiciones contrarias al modelo corporativo, e intencionan una falsa encrucijada en la que debiéramos escoger entre el desarrollo o la guerra. Infortunadamente, estos planteamientos aumentan la polarización en un país en el que no prima el respeto por la vida, y agudizan la hostilidad que pone en riesgo la integridad de las y los luchadores sociales y defensores de la naturaleza. Simplemente basta dar una mirada a las cifras que ubican a Colombia como el tercer país en crímenes a defensores ambientales.

Precisamente, en las últimas semanas, se ha denominado radicales extremos a quienes plantean la necesidad de acoger la legislación nacional, los preceptos constitucionales y la participación de los pueblos en las decisiones referidas a los proyectos extractivos y al ambiente de Colombia.

Este debate y las posiciones contrapuestas han surgido y se han acrecentado por la propuesta del gobierno nacional de reformar el procedimiento de licenciamiento ambiental por medio del decreto presidencial 2041. No obstante, es importante recordar que la propuesta de disminuir competencias al Ministerio de Ambiente y aligerar los procedimientos referidos al licenciamiento ambiental, no inició con este decreto, tiene varios antecedentes; entre ellos vale la pena resaltar el Plan Nacional de Desarrollo de 2011, donde en el artículo 224 se establece que si en un tiempo de 90 días no se define la licencia ambiental de un proyecto, se creará un comité integrado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Director Nacional de Planeación y el delegado del ministerio cabeza del sector al que corresponde el proyecto del caso. Así, la experiencia y autoridad en el tema se reduce al voto de personas que probablemente no tengan conocimientos suficientes en el campo ambiental.

Hacer más ágil el procedimiento de las licencias ambientales corresponde a políticas gubernamentales para garantizar la aceleración del inicio de los proyectos, dando prioridad a la política de confianza inversionista, sobre los derechos colectivos a gozar de un ambiente sano.

Los antecedentes del decreto actual se remontan también a la expedición del Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010, por parte del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En días pasados el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible manifestó que el nuevo decreto de licencias ambientales no modifica los tiempos de los procedimientos. No es cierto. Al comparar el decreto 2041 de 2014 con el 2820 de 2010, se observa que:

1) En el articulo 23, sobre el Diagnostico Ambiental de Alternativas -DAA-, el decreto 2041 de 2014 establece tiempos de 15 días hábiles para visitar opcionalmente la zona y 3 días hábiles para requerir información adicional, por única vez. Estos tiempos antes estaban a menester de la autoridad ambiental según las exigencias técnicas y sociales. Ahora se condiciona a tiempos y procedimientos definidos abruptamente.

2) Se restringe a 30 días hábiles la evaluación del DAA y la elección de la alternativa sobre la cual deberá elaborarse el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.

3) Se condiciona a la autoridad ambiental a expedir de manera inmediata el acto administrativo de inicio de trámite de la licencia al momento de completar los requisitos del peticionario (Art. 25 Decreto 2041 de 2014). Antes se contaba con un tiempo prudente para examinar que la documentación presentada se entregase acorde a los requerimientos.

4) En cuanto a las licencias ambientales globales, que se otorgan a proyectos mineros y de hidrocarburos, las empresas pueden presentar un Plan de Manejo Ambiental e iniciar las obras sin esperar aprobación de parte de las autoridades ambientales, esto genera grandes preocupaciones frente a la aplicación, por ejemplo, de la Fractura Hidráulica (fracking), nueva técnica de explotación y frente a la que existen en el mundo fundadas y probadas incertidumbres.

Desde la lectura y análisis que permiten los antecedentes y la actualidad del licenciamiento ambiental, podemos señalar que con la nueva reforma se concreta la modificación de los tiempos para los trámites correspondientes a la solicitud de licencias, y existen más incertidumbres que certeza frente al papel de la institucionalidad y frente a la protección de los pueblos y sus territorios.

Ahora bien, en la perspectiva del debate, no se trata de definir si es mejor o no la reforma actual respecto a las anteriores, es importante dejar claro que las continuas modificaciones a la legislación ambiental, específicamente en lo concerniente a las licencias, minan las posibilidades de realizar un verdadero control institucional y social; la expedición de una licencia se reduce cada vez más a llenar un requisito, en lugar de validar un procedimiento que dé garantía de protección de los bienes comunes, de la población y de la vida misma de las futuras generaciones. De fondo asistimos a la imposición de una legislación (también con la que se proyecta con la ley de baldíos) que de manera truculenta pone en riesgo incluso la materialización de los acuerdos que se predica alcanzados en la negociación que se lleva a cabo en la cubana ciudad de La Habana para poner fin al conflicto armado.

La construcción de un país en paz implica la opinión de diversos sectores y de la sociedad colombiana frente a temas como el licenciamiento ambiental, y las legitimas dudas que las modificaciones generan. Estamos abiertos y damos la bienvenida al debate argumentado, cerrando la puerta a cualquier tipo de estigmatización y deslegitimación desde tribunas mediáticas en las que se confunde la opinión con ataques viscerales a convicciones desde las que se persigue la defensa de la vida. Defender la vida en cualquiera de sus manifestaciones es efectivamente una posición radical -no extrema-, entendiendo por radical la posibilidad de ir a la raíz de los problemas para enfrentarlos desde sus causas estructurales, de manera democrática, justa y respetuosa. Invitamos a la apertura de espacios de estas características que aporten a la construcción de país digno, con justicia social y ambiental.


Firman:
CENSAT Agua Viva
Cinturón Occidental Ambiental (COA)
Fundación Asomaklenke
AGROVIDA